Lo de menos era recuperar el territorio, lo importante era causar el mayor daño posible. Supongo que, desde la mínima expresión de la irracionalidad humana, así piensa un líder miliciano con más pelotas que sesos, una tarde como cualquier otra en la que, café y puro en mano, asume que todo aspirante a héroe aldeano debe primero convertirse en un promotor ubicuo de la atrocidad.

El contexto es extenso y por lo tanto complejo. Aun así, me temo, es necesario establecerlo, así sea de forma concisa. Permítanme, pues, echar mano de uno de tantos ejemplos: el Conflicto de Ituri.

Ituri es actualmente una de las 26 provincias que conforman la República Democrática del Congo. Ubicada en el extremo noreste del país, es una región, además de conflictiva, sumamente estratégica tanto por sus recursos naturales, como por sus límites fronterizos con Uganda y Sudán del Sur. Históricamente es una región habitada por diversas etnias, entre ellas —para los propósitos concretos del tema que estoy por abordar—, los hema y los lendu.

Los hema son una etnia de pastores y terratenientes que durante la colonia belga, ocurrida formalmente entre 1908 y 1960, fueron favorecidos por la administración colonial, lo que les permitió acceder a una mejor educación y a adquirir importantes extensiones de tierra para sus asentamientos ganaderos. Los lendu, por su parte, es una etnia dedicada mayoritariamente a la agricultura y que tradicionalmente se ha sentido desplazada, sometida y despojada por los hema.

Todavía en 1999, la actual Ituri constituía, junto con otras vastas porciones del territorio congoleño, la provincia Oriental. Pero en el mes de junio de ese año, el general James Kazini, comandante de las Fuerzas de Ocupación del Ejército de Uganda, intervino en la región —como que para eso son las nueces— y creó la (primera) provincia de Ituri. Hasta ahí, digamos, se juntó la maleza. La chispa que lo incendió todo ocurrió casi de inmediato cuando el general Kazini tuvo a bien nombrar a Adèle Lotsoye Mugisa, una mujer de la etnia hema, como dirigente de la región. Ello, desde luego, motivó las suspicacias de la etnia lendu. Asumieron que los intereses ugandeses y hema estaban alineados y que la población lendu constituiría, muy probablemente, el siguiente objetivo. Y entonces, dirían las tías de mi abuelita, se armó de mulas Petra.

Entre los años 2000 y 2002 la región padeció una descomunal militarización. Los lendu crearon como su brazo armado al Frente Nacionalista e Integracionista (FNI), que a su vez derivó en la milicia radical conocida como la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI). Los hema, mientras tanto, hicieron lo propio con la Unión de Patriotas Congoleños (UPC). Uganda y Ruanda —como siempre ocurre en estos casos—, se ocuparon de armar, financiar y entrenar a ambos bandos, al tiempo que saqueaban con singular alegría los recursos naturales y minerales de la región.

En agosto de 2002, las fuerzas de la UPC, con ayuda del Ejército de Uganda, tomaron el control sobre Bunia, la capital de Ituri. Casi al mismo tiempo, establecieron una importante base militar en Bogoro, a tan sólo 25 kilómetros de Bunia. Bogoro, asentamiento poblacional de origen hema, era un punto de vital importancia, pues constituía una posición estratégica (militar y comercial) no solamente para el acceso a la capital provincial, sino hacia el Lago Alberto y la frontera con Uganda desde las tierras medias del territorio congoleño. Su control era fundamental para quien quisiera vencer en el conflicto. Por ello, los hema la fortificaron y armaron hasta los dientes, seguros de que con eso habría de ser suficiente. Pero entonces figuró un tal Germain Katanga.

Conocido como Simba, Germain Katanga era por aquel entonces uno de los principales líderes del FRPI. Junto con el coronel Mathieu Ngudjolo Chui, comandante en jefe del FNI, es señalado de idear, planificar y dirigir el ataque a la aldea de Bogoro, acontecido el 24 de febrero de 2003. Bajo su mando un número aún indeterminado de hombres, muchos de ellos menores de 15 años, sitiaron la villa y dirigieron un ataque específicamente contra la población civil. Para ello utilizaron machetes, arpones, flechas, morteros, lanza granadas y armas de fuego. Asesinaron por igual y sin distinción de edades a cerca de 400 hombres y mujeres, según cifras oficiales. A su paso violaron y torturaron personas, saquearon y destruyeron bienes sin reparo ni conciencia alguna. A las mujeres más jóvenes las esclavizaron y sometieron a tratos sexualmente inhumanos. Las cifras señalan que además de los muertos, 500 personas fueron reportadas como desaparecidas después del infame ataque.

En junio de 2004, el gobierno de la República Democrática del Congo solicitó formalmente la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigara los crímenes ocurridos en su territorio a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. La CPI, bajo la instrucción del entonces fiscal Luis Moreno-Ocampo, centró sus investigaciones, precisamente, en el ataque a la aldea de Bogoro. Como resultado de las indagatorias, el 2 de julio de 2007 la CPI emitió una orden de arresto contra Germain Katanga, como presunto responsable en la comisión de diversos delitos de guerra y de lesa humanidad.

La República Democrática del Congo, que desde 2005 ya había detenido a Katanga, lo puso inmediatamente a disposición de la Corte. Aquel 2007, Germain fue formalmente imputado y enjuiciado en La Haya por cuatro delitos de guerra: asesinato, destrucción de propiedad del enemigo, saqueo y el uso de niños como soldados; y por tres delitos de lesa humanidad: asesinato (dirigido a una población civil), violación y esclavitud sexual. La Corte —no sin ciertos tonos idílicos— iba por Katanka, pues su conducta era reprochable no sólo para sus víctimas, sino para toda la raza humana.

Hablemos, pues, de los delitos de lesa humanidad. Del veredicto contra Germain Katanga platicamos luego.

Continuará