Para cerrar el tema quizá hay que peinar algunos puntos sin duda relevantes. Planteado que fue el concepto, teniendo en todo momento presente, como mero principio, que los hechos para ser considerados como delitos de lesa humanidad deben ser generalizados, sistemáticos y dirigidos hacia la población civil; tenemos que, a la luz del derecho internacional contemporáneo, se consideran como tales los siguientes: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, expulsión, persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos, sociales o culturales, genocidio —aunque el Estatuto de Roma lo clasifique aparte—, apartheid, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada. Esta, cabe aclarar, es una mera referencia enunciativa. Cada uno de ellos debe cumplir, además de los aspectos ya mencionados, con ciertos requisitos específicos para su debida clasificación, lo que, si la intención fuera hacer otro tipo de artículo, requeriría un desarrollo más profundo y descriptivo de cada hecho.

¿Y a son de qué decidí escribir sobre este tema? Esa es una buena pregunta que recién me voy planteando. Como siempre existe la respuesta sencilla, directa y natural: Eventualmente uno recuerda que alguna vez cursó la licenciatura en derecho y que de todas las materias que conformaban el plan de estudios, el derecho internacional público fue la única que despertó apetitos y curiosidades que yo pensaba sólo guardaba para la aviación.

La respuesta compleja, o rasposa, también existe: Hace algunos días escuché a un opinólogo, para colmo no abogado, hablar de los crímenes contra la humanidad con la misma convicción con la que una persona que nunca ha pisado un campo de fútbol ni ha pateado un balón, sugiere la alineación de la selección nacional. Y a mí, no sé a ustedes, la ignorancia en esas circunstancias me duele, por no decir que me enerva.

Me queda claro que quien no está involucrado como tal en la materia difícilmente tocará el tema mientras bebe ordinariamente un café del Starbucks. Menos aún sostendrá por puro gusto un debate sobre delitos de lesa humanidad en una charla con la familia. Sin embargo, creo fervientemente que, como el desarmador chino de pésima calidad que guardamos por si acaso, hay conocimientos de los que vale la pena tener noción, así sea sólo para guardar idea y forjarse un criterio.

Además, el mundo está entrando —hay que reconocerlo— en una fase decadente que es probable que temas como este se vuelvan recurrentes en la prensa y los otros medios de comunicación. Ahí está, por citar tan sólo algunos ejemplos, los señalamientos que ciertos organismos especializados y la propia ONU han hecho respecto a que las organizaciones criminales en México pudieran ser responsables de cometer delitos de lesa humanidad; el cuestionable proceder de la justicia peruana al encarpetar investigaciones sobre esterilizaciones masivas en la población indígena, no obstante haber indicios de haberse cometido crímenes de esta naturaleza; y la investigación que la Corte Penal Internacional está realizando contra Benjamín Netanyahu por esta misma razón en agravio de la población gazatí y por el que la Corte Penal Internacional está enfrentando una agresiva campaña de desprestigio encabezado por el propio Estado de Israel y su principal aliado en el orbe.

Como sea, mi intención no ha sido escribir algo con absoluto rigor académico. Si alguien quiere ahondar en el tema hay mucha información disponible y de fácil acceso que trata el asunto mucho mejor de lo que yo aquí lo he hecho. Francamente, yo sólo quería quitarme una espina y supuse que poner el tema sobre la mesa sería una buena forma de hacerlo. El asunto, como el contexto, es extenso, complejo e inagotable. Da para tantas hojas como placeres y desencuentros.

En fin, para no dejarlos con la duda, el juicio de Germain Katanga duró siete años. En 2014 la Corte lo encontró culpable de tres delitos de guerra y uno solo de lesa humanidad (asesinato). De los otros dos cargos fue absuelto al no comprobarse su comisión o participación directa en los mismos (violación y esclavitud sexual). Fue condenado a 12 años de prisión, mismos que, habida cuenta del tiempo que ya había pasado detenido, terminó de purgar en 2016. En el año 2017, La CPI fijó una reparación del daño por un millón de dólares a favor de las víctimas. Debido al estado de insolvencia en el que para entonces se encontraba el miliciano congolés, el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas asumió por completo el pago.

Para finalizar, permítanme hacerles una pregunta: ¿Y será que a esto podemos llamarle justicia? Tengo mis dudas, reservas y comentarios. Tal vez esa sea una discusión que sí amerite una prolongada y apasionada charla, no en Starbucks, pero sí de sobremesa.

Santiago de Querétaro, a 21 de octubre de 2026.